En un contexto de pérdida de explotaciones agrarias, 7.213 mujeres se sumaron al sector agrario como jefas de explotación. Así se desprende del estudio elaborado por el Área de la Mujer de COAG y la Confederación de Mujeres del Medio Rural (CERES), en colaboración con la Fundación Mundubat, sobre la base de los últimos datos publicados en la Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas y diversas fuentes oficiales de FEGA, MAPA y Comisión Europea.
Bajo el título, “#AgricultorasSinLímites, Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Mujeres del Medio Rural”, el estudio recogen un análisis comparativo entre los periodos 2003-2008 y el 2009-2017. En esa franja se aprecia un notable incremento en la distribución de mujeres titulares o jefas de explotación, al pasar de 278.344 en 2008 a 285.467 en 2016, (+ 7.213).
Tan sólo 4 Comunidades Autónomas han reducido el porcentaje de mujeres titulares o jefas de explotación: Madrid, Cataluña, La Rioja y Murcia. En el resto, ha aumentado el protagonismo de las mujeres en este segmento. Destacan los incrementos en Euskadi (5,16 %), Cantabria (3,99 %), Baleares (3,77 %) y Andalucía (2,98 %). “Estos resultados positivos nos hacen pensar, por un lado, que las mujeres tienen una predisposición positiva hacia la agricultura y ganadería como salida profesional y por otro, que las medidas de acción positiva hacia las mujeres, en las solicitudes de ayudas a la incorporación de jóvenes al campo del último periodo de programación del Marco Nacional, han servido para fomentar las altas en el sector. Necesitamos una batería de medidas multidisciplinares y diversas que nos faciliten el acceso a esta área económica históricamente tan masculinizada. El cambio de tendencia evidencia que, con apoyos y reconocimiento de nuestros derechos económicos y sociales, existe el caldo de cultivo necesario para que las mujeres sigan liderando el emprendimiento en el medio rural y fijando población en la España vaciada”, señala Inmaculada Idáñez, responsable del Área de la Mujer de COAG y presidenta de CERES.
El dato más preocupante es el porcentaje de mujeres titulares menores de 30 años, que no supera el 1 % del total en cada Comunidad Autónoma, salvo en Andalucía (1,15 %) y Cataluña (1,37 %). Por el contrario, el porcentaje de mujeres titulares y jefas de explotación de más de 65 años supera en todos los casos el 35 %, y en 6 comunidades más del 50 %. “Esto significa que, en los próximos 5 años, deberían incorporarse en torno a 100.000 mujeres agricultoras o ganaderas para lograr el relevo generacional que garantizase la sustitución y el mantenimiento de los activos agrarios mujeres”, ha señalado Inmaculada Idañez, responsable del Área de la Mujer de COAG y Presidenta de CERES.
Respecto a la distribución de la Superficie Agraria Útil (SAU) y tamaño de la unidad de producción, las mujeres poseen sólo el 23 % de la SAU, por tanto, se puede concluir que la tierra sigue mayoritariamente en manos de los hombres porque, además de ser un porcentaje bajo, no se corresponde con el porcentaje de mujeres titulares de explotaciones que es de un 34,6 %. El tamaño medio de las explotaciones de las mujeres sigue siendo menor a las de los hombres en todas las Comunidades Autónomas y en todas las franjas de edad. La extensión media de las unidades de producción de los hombres es de las 24 hectáreas mientras que la de las mujeres es de 16 hectáreas.
Perfil incorporación de jóvenes. Mientras que el 13,61 % de los jóvenes titulares se incorporan con explotaciones de más de 100 hectáreas, tan solo el 3,25 % de las mujeres lo hacen con explotaciones de este tamaño. Estas diferencias tienen que ver, sobre todo, con la vocación productiva de las explotaciones de hombres y mujeres. Mientras que los hombres siguen dominando en las explotaciones extensivas de cereal, oleaginosas o proteaginosas, así como en el vacuno de carne, las mujeres acceden en mayor medida a la actividad agraria en explotaciones de hortalizas, frutas y ovino o caprino.
Distribución de las ayudas PAC. En el año 2018 el FEGA volvió a publicar la estadística de los pagos directos y de desarrollo rural desagregada por sexo. Así, se refleja que en el ejercicio 2017 unas 252.214 mujeres percibían las ayudas directas frente a 426.705 hombres. Es decir, un 37,8 % son mujeres. Estos datos indican que la brecha entre perceptores y perceptoras se va reduciendo en cuanto a su porcentaje. En 2012, las mujeres representaban el 30,2 % de las personas perceptoras. En cuanto a las ayudas al desarrollo rural, 50.125 de las personas perceptoras fueron mujeres, frente a 102.601 hombres; es decir, un 32,8 % fueron mujeres. De esta forma, los datos generales de perceptores y perceptoras de la PAC, tanto de ayudas directas como al desarrollo rural, muestran las desigualdades de una política compensatoria de las rentas, que sin duda debería incorporar una perspectiva de género y cuya distribución, muy al contrario, profundiza las desigualdades de partida.
Por si fuera poco, el importe medio recibido de ayudas directas y desarrollo rural de las mujeres es en torno a un 40 % menos que el de los hombres. Si el importe medio de ayudas directas que reciben los hombres es de 6.059 €, el de las mujeres es de 3.852 €. Las razones, obviamente, tienen que ver con el tamaño medio de las explotaciones y también con el reparto de los derechos históricos y la vocación productiva de las explotaciones de los hombres, mucho más orientadas a los cultivos extensivos y al ganado mayor.
Reivindicaciones en el 8M, Día de la Mujer.
«Hay más mujeres en el campo que se dedican a la agricultura y a la ganadería, pero una serie de fenómenos confluyentes hacen que sus trabajos y ellas mismas sean prácticamente invisibles. Igualmente, en muchos casos, son invisibles sus derechos. Por ello, esta publicación pretende aportar luz sobre la posición y condición de las mujeres que viven y trabajan en el medio rural y abordar asuntos como: el derecho al trabajo; el derecho a un salario digno; el derecho a la propiedad de la tierra y de los medios de producción; el derecho a la Seguridad Social; el derecho a la salud (incluida, por supuesto, la sexual y reproductiva); el derecho a la participación política y sindical; el derecho a una vida digna; el derecho de acceso a los recursos económicos, a las nuevas tecnologías, a la educación y especialización agraria y ganadera; o el derecho a una vida libre de abusos, agresiones sexuales y cualquier forma de violencia”, ha subrayado Inmaculada Idañez.
